ABUSOS EN ESCUELAS EXIGEN CASTIGO

Horacafe

 

Joel Sánchez Rodríguez

@JoelSanRadar

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), -que rara vez cumple la encomienda que tiene-, logró documentar que la secretaría de Educación Pública de la entidad, incurrió en un acto de omisión en agravio de una estudiante que fue víctima de un abuso sexual en una escuela primaria en el municipio de Apan, donde en vez de protegerla a ella, las autoridades educativas brindaron protección al presunto agresor.

El organismo recomendó al titular de la SEPH, Joel Guerrero Juárez, brindar capacitación a todo el personal docente y administrativo de la primaria “Manuel Sabino Crespo”, iniciar procedimientos legales contra los servidores públicos involucrados en el caso y que a través del área jurídica de la secretaría se dé seguimiento a la averiguación previa que por el presunto abuso existe en la Procuraduría General de Justicia.

La SEPH aceptó la recomendación y anunció procedimientos contra el presunto agresor Héctor Alejandro Olvera Pérez y el director de la escuela Edgar Torres Juárez, pero no así contra la directora del turno vespertino María Teresa Anaya Olvera; ni contra la supervisora de zona escolar Aida Oralia Núñez, mucho menos contra Angélica Yadira Pérez, secretaria de trabajo y conflictos o contra los representantes sindicales Juan González Sabino y Jesús Montaño Pastrana, pese a que al igual que el director firmaron un acta que respaldaba al docente acusado, en vez de brindar apoyo a la niña afectada y a su familia.

Pareciera como si el ser parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección XV fuera sinónimo de impunidad en Apan, pues la CDHEH recomendó procedimientos contra todos los servidores públicos involucrados y la SEPH lo hace sólo contra dos, pero aún así presume haber aceptado la recomendación, cuando solo lo hace de manera parcial.

Casualmente cuando la SEPH parece resolver su parte en este asunto, surge otro igual de lamentable en el preescolar “Esperanza López Perea” en el municipio de Tula, donde otro docente, Francisco Javier Martínez Larios, es señalado también de abuso sexual y su directora Margarita Mendoza Contreras, igual que en el caso Apan, es señalada de encubrimiento y de facilitarle las cosas al acusado para que evadiera la acción de la justicia.

Por las gravedad de la situación, cuando se conoció el caso tuvo que intervenir la policía municipal de Tula para evitar que la directora fuera agredida y se ha dado amplia difusión a la imagen del docente de música inculpado para que se le localice y se le lleve a comparecer ante las autoridades, quienes son las que al final deberán determinar su presunta responsabilidad o inocencia, como también el definir si alguien más ha incurrido en algún delito o no.

Pero más allá de la labor de la Procuraduría General de Justicia que está haciendo su trabajo en ambos casos, lo que resulta preocupante es el papel de alcahuete que las autoridades educativas a través de directores y sindicato, tienen con quienes son señalados de incurrir en una conducta delictiva tan delicada como lo es el abuso sexual, cuando la prioridad debería ser proteger a los infantes que quedan en estado de indefensión ante esos pervertidos.

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Twitter: @joelsanradar

http://joelsan.wordpress.com

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~ por reportepolitico en mayo 5, 2015.

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