LOS MAGISTRADOS ELECTORALES Y LA INAMOVILIDAD JUDICIAL

Horacafe

Joel Sánchez Rodríguez
@JoelSanRadar

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberán resolver en breve la Controversia Constitucional 26/2014 EN TANTO EL Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) tendrá que hacer lo propio con al menos 54 Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC) que junto con un Juicio de Amparo, definirán a futuro cuestiones de división de poderes y de independencia entre ellos.

Todos estos procedimientos han sido interpuestos por Magistrados de los Tribunales Electorales locales de todo el país, es decir, por integrantes del mismo Poder Judicial, que buscan evitar su remoción del cargo, que ha sido ordenada por el artículo 10º transitorio del decreto de Reforma Constitucional aprobado por el Constituyente Permanente en materia electoral.

Este ordena la destitución de todos los magistrados electorales del país, excepto de aquella entidades en las que haya comicios este año y faculta de manera indebida al Senado de la República para designar a sus sucesores, lo que de entrada representa una violación tanto al principio de división de poderes como a la soberanía de los estados.

De acuerdo con los términos de la reforma, sería legal que el Legislativo designe a integrantes del Judicial; pero eso no es técnicamente legítimo, no en un sistema de gobierno republicano en el que los poderes deben estar en equilibrio, sin subordinarse uno a otro y además con plena independencia entre ellos.

En cada entidad la forma de designación de los magistrados del tribunal electoral es diferente; pero en todos su función está amparada por el principio de Inamovilidad Judicial que determina que no se puede remover de su cargo a un juzgador más que por causas graves. Y no es causa grave que a los partidos políticos se les haya ocurrido reformar la constitución.

Así que lo que resuelvan los ministros de la SCJN y los magistrados del TRIFE, será también un pronunciamiento definitivo en torno a los principios de división de poderes y distribución de competencias, pues esta es una reforma constitucional que viola a la misma constitución al no respetar esa división, las atribuciones de cada poder y el espíritu federalista al pretender remover a magistrados de los poderes judiciales de los estados.

Algunos especialistas afirman en relación al Amparo, que no procede el juicio de garantías en contra de la constitución, pero no es la Carta Magna la que dispone la remoción, sino un artículo transitorio del decreto de reforma, así que no se debe tratar su contenido con la misma jerarquía que tiene el texto constitucional.

Habrá que ver cómo interpreta el Poder Judicial Federal, dicha reforma que atenta en contra del mismo Poder Judicial pero de los estados; entidades cuyas legislaturas avalaron la misma como parte del constituyente permanente, sin vislumbrar que lo aprobado los estaba llevando a un conflicto legal sumamente complejo.

Los magistrados electorales locales deben permanecer en sus cargos hasta que culminen su gestión en los términos que establezca la legislación de sus estados; más que por ellos, por el respeto a los diversos principios jurídicos que pretenden atropellarse por una reforma que es de mucho trasfondo político, pero carente de manera absoluta técnica-jurídica.

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Twitter: @joelsanradar
http://joelsan.wordpress.com

 

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~ por reportepolitico en marzo 28, 2014.

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